¿Cuándo le caerá la Fiscalía a Andrés Torres?

por el buscador


¿Es don Andrés Torres uno de los protegidos del actual gobierno? Solamente eso explicaría por qué a un año de haberse descubierto un pozo de corrupción en el Injupemp, aún la fiscalía no ha presentado requerimiento en su contra.

Bajo la administración de don Andrés Torres el Injupemp adquirió de forma irregular,  de la Universidad Nacional, bonos de inversión por 250 millones de lempiras. Bajo ese concepto pagó comisiones por 5.4 millones de lempiras a una empresa llamada Diazgar S de R.L., pero el dinero apareció en cuentas bancarias a nombre del yerno de don Andrés, el señor Manuel de Jesús Barahona Ávila.

La versión oficial es que esos cinco millones de lempiras fueron una pérdida para el Estado, pero lo cierto es que los aportantes del Estado somos todos con nuestros impuestos. O sea que estas personas nos robaron a nosotros.

Según la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la empresa Diazgar no está inscrita legalmente para hacer transacciones bursátiles y fue constituida exclusivamente para recibir los recursos del Injupemp.

El Tribunal Superior de Cuentas envió un informe a la fiscalía en abril de 2014. Vamos a cumplir un año ya y el órgano acusador mantiene el expediente en una gaveta. Está claro que el señor Óscar Chinchilla, fiscal general, sólo actúa cuando se lo ordena su jefe, Juan Orlando Hernández. Y en este caso no ha recibido ninguna orden.

Adicionalmente,  el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una investigación, donde demostró que don Andrés, en un momento dado, mantuvo a unas 16 personas de su familia contratadas en el Injupemp, a las cuales llegó a pagar hasta 450.000 lempiras mensuales. El más puro y desvergonzado nepotismo.

Pero el despilfarro no termina allí. Sólo en el 2013 se pagaron más de 4.3 millones de lempiras en publicidad a personas particulares. Algunas de ellas periodistas, pero muchos otros son desconocidos. Esa publicidad ni siquiera se justifica, porque sus clientes son un mercado cautivo: los empleados públicos. La entidad no necesita darse a conocer fuera de ese círculo.

Otro aspecto que no queda claro en la investigación del CNA es el pago de casi 700,000 lempiras en concepto de ayuda humanitaria a personas que no eran cotizantes del Injupemp. Es decir, el señor dilapidó el dinero de los empleados públicos para ayudar a achichincles y pega-afiches del Partido Nacional.

Pese al derroche de las cotizaciones de los empleados públicos, no vemos que las organizaciones gremiales se hayan manifestado para exigir la devolución de esos montos por parte de una persona que manejó la entidad como si fuese una pulpería, o mas bien como una hacienda particular de la que podía disponer a manos llenas
¿Dónde están el Stenee, Sitramedhys, Sitraina y tantos otros? ¿Por qué no exigen se haga justicia a sus agremiados que fueron esquilmados?

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