Acuerdos para la gobernabilidad, ¿verdad?

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Por Hugo Noé Pino

Mario Vargas Llosa en un reciente e interesante artículo sobre el liberalismo señala que las palabras, al igual que las personas, cambian de contenido dependiendo el tiempo y el lugar.

Esto parece estar ocurriendo en Honduras con la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional en donde el Partido Nacional recibió el apoyo del Partido Liberal para ocupar la mayoría de los puestos bajo el concepto de un “acuerdo para gobernabilidad de Honduras”.

La Real Academia Española define gobernabilidad como la “cualidad gobernable”, es decir la cualidad de lo que se puede gobernar.  Así, el Partido Liberal le está ayudando a gobernar al Partido Nacional, pese a que éste no obtuvo la mayoría para hacerlo en el Congreso Nacional. De acuerdo a sus dirigentes este apoyo se realiza de manera desinteresada, por lo cual no se aceptaron cargos ni en el ejecutivo, ni en la junta directiva del Congreso. También se enfatiza que no es una alianza, y que lo acordado es para permitir la gobernabilidad y que se otorga a cambio de proteger la canasta básica de los hondureños.

Sin embargo, un análisis más cercano de los argumentos esgrimidos muestra que tanto el “acuerdo para la gobernabilidad”, como la protección de la canasta básica, son justificaciones públicas de una alianza más fuerte y profunda que mucha gente percibe y que se deriva de los intereses de la grupos de poder fácticos en Honduras.

En primer lugar, la alianza de ambos partidos no se limita a la nueva junta directiva del Congreso, proviene de los mismos actores que se unieron para el golpe de Estado de 2009. La alianza continuó con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012 (en los nuevos nombramientos iban nacionalistas y liberales); con el nombramiento del fiscal general y el adjunto, pese a que debían nombrarse en marzo de 2014 (un nacionalista y un liberal); el nombramiento de la Comisión para la promoción y defensa de la Competencia (dos nacionalistas, una liberal).

Recientemente y en abierta violación a preceptos legales y éticos se nombra al procurador (nacionalista) y sub-procurador (liberal) aún y cuando sus nombramientos debieron hacerse en 2014. Igual sucede con el Tribunal Supremo Electoral en donde se ratifica a dos magistrados (Nacionalista y Partido Demócrata Cristiano, y se reemplaza un liberal, por otro liberal) quienes tomarán posesión hasta mayo del presente año. Lo anterior desconoce el nuevo mapa político de Honduras con Libre como segunda fuerza, y el PAC como cuarta.

Entonces, si esto no es una alianza, será difícil encontrar otro concepto que se acerque. Pero la alianza también incluye otros aspectos implícitos como el estar de acuerdo en la forma  y contenido de más de 100 leyes y acuerdos aprobados en las dos últimas semanas de la última legislatura sin ninguna transparencia y  que privatizan bienes públicos, otorgan o extienden contratos, limitan la participación las nuevas fuerzas en el Congreso, solo para citar algunas de las que se conocen. Será interesante ver la posición de los miembros de la alianza con la entrada en vigencia de la “Ley hipoteca”, rechazada vehemente durante la campaña por la dirigencia liberal.

Hay que reconocer que el partido Liberal se opuso al aumento de los impuestos aprobados por el Congreso en la votación del 20 de diciembre. Sin embargo, decir que aumentar la canasta básica exenta del impuesto sobre ventas es suavizar el impacto de las mismas es referirse solamente al 7% del impacto directo de los impuestos, o sea al impacto de la ampliación de la base del impuestos sobre venta.

Los ingresos esperados del paquete de impuestos se desglosa de la siguiente manera: impuesto sobre ventas (aumento del 12 al 15%),  L. 4,500 millones; ampliación de la base ISV (canasta básica que pagará impuestos), L. 1,000 millones; derivados de petróleo, L. 2,000 millones; eliminación exoneraciones importaciones, L.   500 millones; eliminación exoneraciones ISR, L.  700 millones; 1.5% sobre ingresos brutos, L. 2,000 millones; aportación solidaria, L.   200 millones; reducción de gastos (eliminación de subsidio energía eléctrica, congelamientos de transferencias y otros), L. 2,600 millones; total, L. 13,500.00 millones. Lo anterior muestra que el impacto más fuerte esté en el aumento de 3 puntos del impuestos sobre ventas, en los impuestos a la gasolina, y en la reducción de subsidios y congelamiento de las transferencias.

En estas circunstancias lo que se requiere es una revisión de la reforma tributaria total a fin de mantener en mente el principio de equidad e integralidad de la política fiscal. Lo que se debería recordar también es que la mayoría del pueblo hondureño expresó su inconformidad por la manera que se ha venido conduciendo el país en los últimos años; si los partidos que constituyen la alianza del gobierno anterior y actual no lo quieren ver, estarán dando la espalda a la historia y promoviendo la ingobernabilidad en Honduras.

De los grupos de poder fácticos y como sus intereses se reflejan en las posiciones de los partidos tradicionales nos referiremos en el próximo artículo.